Personal ejecutivo o cualquier empleado de las entidades financieras que revele operaciones sospechosas en los bancos a la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF) estarán exentos de cualquier investigación administrativa, civil o penal.
El Órgano Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley 464/2022-2023 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2023, en el que busca incorporar un parágrafo al artículo 495 de la Ley 393 de Servicios Financieros para que las operaciones irregulares en las entidades financieras sean denunciadas.
“Los sujetos obligados, así como sus directores, gerentes, administradores, funcionario responsable, miembros de la Unidad de Cumplimiento y/o cualquier empleado dependiente, cuando reporten a la UIF de buena fe operaciones sospechosas, con independencia de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal, por transgresión de alguna restricción de revelación de información a la que estuvieran obligados al momento de efectuar el reporte, cualquiera fuera su naturaleza”, refiere el parágrafo V que se prevé incorporar y que está en la disposición final adicional séptima del proyecto de ley.
Señala, también, que “queda prohibido revelar el hecho de que se está entregando a la UIF un Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS o la información relacionada al mismo, por el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual gozan los mismos”.
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