Gustavo García Brito, el magistrado boliviano del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se defendió este lunes y aclaró que él no votó en contra de Bolivia (en el fallo sobre la venta de combustible a precio diferenciado), solo cumplió con su función de velar por los intereses comunitarios.
Aseguró que no fue designado en ese cargo por ninguna autoridad boliviana, sino que fue seleccionado por un grupo plenipotenciario de la CAN de una terna que envió la Cancillería en 2019.
“Los magistrados del Tribunal de Justicia de la CAN no son representantes de los Estados, no actuamos en defensa de los intereses nacionales y mandatarios de los gobiernos. Es un tribunal supranacional, independiente. Si bien los países proponen una terna, los magistrados son designados por unanimidad por los plenipotenciarios de los países miembros”, dijo en Fides.
“Mi deber fundamental es actuar en función de las competencias asignadas al tribunal para salvar los intereses comunitarios y de sus países. Lo que guía nuestra actuación es el derecho comunitario, no es que yo voté en contra del país como se ha generado esta narrativa. Sino que en el ejercicio de las funciones que me fueron asignadas, lo que hice fue conformar parte de un colegiado; resolver de manera conjunta dos procesos de un mismo tema y después de verificar que había conductas contrarias al ordenamiento andino declararlo de esa manera. Cumplí con la función jurisdiccional”, acotó.
García Brito explicó los jueces de un tribunal internacional deben actuar “únicamente y exclusivamente” en función de los intereses comunitarios cumpliendo con el Acuerdo de Cartagena.
Designación en la CAN
El juez aclaró que la designación como magistrado de la CAN no está a cargo de una instancia nacional, sino de una reunión de los plenipotenciarios de cada país que designan de una terna al titular y dos suplentes.
Asimismo, indicó que él no es un embajador, no cumple esa función. El tribunal que integra, aclaró, actúa de forma independiente e imparcial para conocer aquellos procesos en los que se cuestiona si los estados que integran la CAN están cumpliendo el ordenamiento.
Reveló, por ejemplo, que a lo largo de la historia del Tribunal se plantearon unas 148 acciones de incumplimiento contra los países miembros en general. Y en 75 oportunidades se declararon probadas esas demandas y los jueces, en varias ocasiones, votaron en contra de su país cuando estaba fundamentada la demanda.
“Esta independencia institucional se apoya en la imparcialidad de los jueces, sin recibir presiones de ninguna índole para fallar”.
La semana pasada se conoció que el Tribunal de Justicia de la CAN, conformado por tres magistrados, Gustavo García Brito (boliviano), Hugo Gómez Apac y Fernando Zapata, determinó aprobar la sentencia que ordena al “Estado Plurinacional de Bolivia (…) que, en un plazo de 90 días, adopte medidas necesarias y pertinentes que permitan el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino”.
Procuraduría
Esa conducta se refiera al precio diferenciado que hace el país en la venta del combustible para vehículos nacionales y los que tienen placa peruana.
“Este proceso llegó a su fin en noviembre del año pasado y se produjo un empate en la votación. Como establecen las normas se convocó a un magistrado suplente para que dirima, en este caso el primer suplente de Colombia. Él se integra y recién se pronuncia en julio de este año y expresa su posición, considera que la demanda debía ser declarada fundada y su voto es incluido en la sentencia”.
Indicó que Bolivia fue defendida, en ese proceso, por la Procuraduría General del Estado y un grupo de abogados. “Quien ejerció la representación del Estado fue la Procuraduría y ellos también tenían abogados patrocinadores que entiendo son de nacionalidad ecuatoriana”, agregó.
Renuncia
García Brito indicó que renunció hace unos días, según él, por presiones políticas y tras conocer que el Estado le inició un proceso por supuesta suplantación de funciones. Sin embargo, aclaró que aún está ejerciendo el cargo debido a que el grupo plenipotenciario debe aceptar las renuncias de los tres representantes bolivianos.
“(…) El tribunal no puede quedar acéfalo. La denuncia que se presentó en la Cancillería era contra tres magistrados, el titular y dos suplentes. Ellos renunciaron primero luego yo y se produjo una situación inédita en la CAN que no tiene regulación. Los suplentes están para reemplazar en caso de que no esté el titular, pero por primera vez en la historia, titular y suplentes renunciamos y no fue una renuncia voluntaria, sino forzada por las circunstancias y presión”.
Esa decisión obligó a que los plenipotenciarios determinen ser ellos los que se pronunciarán respecto a las renuncias y definirán si las aceptan o no.
“El motivo de mi renuncia es por la presión y amenazas que había recibido y la afectación que podía hacer a la institucional, pero sigo en funciones hasta que las autoridades competentes decidan”.
About Author
