El proceso de fiscalización que realizan los asambleístas nacionales no tiene incidencia o fuerza para cambiar las políticas observadas del Ejecutivo que van contra beneficios de la sociedad, todo queda en letra muerta y ratificación de las autoridades observadas. Además, ahora buscan aprobar una ley que garantice las interpelaciones, aspecto innecesario porque está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), lo que muestra una Asamblea Legislativa débil y extraviada, sostienen legisladores y analistas.
De acuerdo con la normativa legal, los legisladores tienen tres instrumentos para indagar las acciones de entidades del Estado que son: las Peticiones de Informe Escrito (PIE), Peticiones de Informe Oral (PIO) e Interpelaciones.
En este contexto, en las gestiones 2020-2021 y 2021-2022, los asambleístas nacionales utilizaron más las PIE, seguidas de las PIO y por último las Interpelaciones.
En las dos gestiones pasadas, senadores y diputados plantearon 5.571 Peticiones de Informe Escrito a diferentes instancias del Ejecutivo, al Judicial, al Electoral, Contraloría, Defensoría del Pueblo, entre otras.
En lo que se refiere a las Peticiones de Informe Oral se realizaron 148. En tanto las Interpelaciones se realizaron a siete autoridades gubernamentales.
Obstáculos
Legisladores de oposición y oficialismo cuestionaron la falta de voluntad de algunas instancias, particularmente del Ejecutivo, de brindar información sobre distintos temas consultados, que incluso envían a los asambleístas nacionales a revisar la página web de la institución o el SICOES (Sistema de Contrataciones del Estado).
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